Con nuestros abogados de Derecho Administrativo proporcionamos servicios de asistencia y asesoramiento tanto a clientes privados como a entidades del sector público.
VMS cuenta con un equipo especialista de abogados de Derecho Administrativo. El despacho presta servicios de asistencia y asesoramiento en procedimientos administrativos, tanto a clientes privados como a entidades del sector público, en la tramitación y resolución de todo tipo de expedientes y recursos administrativos, así como en la de recursos de jurisdicción contencioso administrativa.
¿En qué están especializados nuestros abogados de Derecho Administrativo?
- Contratación pública (obras, servicios, suministros, concesiones, sociedades mixtas, colaboración sectores público-privado, etc.). Asesoramiento en licitaciones públicas de comunidades autónomas, elaboración de pliegos, reclamaciones en materia de clasificación y adjudicación, expedientes de resolución de contratos, reclamaciones de pago del precio, intereses de demora o indemnizaciones, administración institucional, etc.
- Bienes dominio público (aguas, costas, puertos, aeropuertos, minas, montes, carreteras, patrimonio histórico-artístico y cultural, etc.). Nuestros abogados de Derecho Administrativo trabajan sobre lo concerniente al uso del dominio público (autorizaciones y concesiones).
- Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas o del personal a su servicio con informes y recursos para la exigencia de esta responsabilidad en distintos sectores.
- Expropiaciones. Tramitación del expediente, necesidad de ocupación, asistencia a actas previas y actas de ocupación, hojas de aprecio, alegaciones, convenios, recursos, intereses de demora, retasación y reversión.
- Personal al servicio de la Administración. Relaciones e incidencias en materia del funcionariado público (oposiciones y concursos, retribuciones, expedientes disciplinarios, etc.).
- Expedientes sancionadores en cualquier ámbito de la Administración.
- Colegios profesionales. Defensa de las competencias e intereses colegiales, relaciones e incidencias entre colegio profesional y colegiados, etc.
- Ayudas y subvenciones públicas. Procedimientos ante el Tribunal de Cuentas. Organización y funcionamiento.
- Gestión pública.
- Procesos administrativos de restablecimiento de derechos.
- Delegación de facultades en el Derecho Administrativo.
- Contratación pública (obras, servicios, suministros, concesiones, sociedades mixtas, colaboración sectores público-privado, etc.). Asesoramiento en licitaciones públicas de comunidades autónomas, elaboración de pliegos, reclamaciones en materia de clasificación y adjudicación, expedientes de resolución de contratos, reclamaciones de pago del precio, intereses de demora o indemnizaciones, administración institucional, etc.
- Bienes dominio público (aguas, costas, puertos, aeropuertos, minas, montes, carreteras, patrimonio histórico-artístico y cultural, etc.). Nuestros abogados de Derecho Administrativo trabajan sobre lo concerniente al uso del dominio público (autorizaciones y concesiones).
- Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas o del personal a su servicio con informes y recursos para la exigencia de esta responsabilidad en distintos sectores.
- Expropiaciones. Tramitación del expediente, necesidad de ocupación, asistencia a actas previas y actas de ocupación, hojas de aprecio, alegaciones, convenios, recursos, intereses de demora, retasación y reversión.
- Personal al servicio de la Administración. Relaciones e incidencias en materia del funcionariado público (oposiciones y concursos, retribuciones, expedientes disciplinarios, etc.).
- Colegios profesionales. Defensa de las competencias e intereses colegiales, relaciones e incidencias entre colegio profesional y colegiados, etc.
- Expedientes sancionadores en cualquier ámbito de la Administración.
- Ayudas y subvenciones públicas. Procedimientos ante el Tribunal de Cuentas. Organización y funcionamiento.
- Gestión pública.
- Procesos administrativos de restablecimiento de derechos.
- Delegación de facultades en el Derecho Administrativo.
Contacte con nuestros abogados de Derecho Administrativo.
Teléfono: 91 345 84 05
Email: info@vmsabogados.com
¿Qué es es el derecho administrativo?
El Derecho Administrativo es la rama encargada de regular la organización y funciones de la administración pública. Comprende el ordenamiento jurídico que rige la manera en que operan las instituciones del Estado, los servicios que prestan y las relaciones con los ciudadanos.
El origen del Derecho Administrativo se sitúa alrededor del siglo XVIII, tras el surgimiento de sistemas políticos distintos a los que regían los países hasta esos momentos.
Para poder regular las relaciones entre los ciudadanos y el Estado se crearon normas jurídicas y con ello surgieron instituciones que no estaban subordinadas a un monarca.
Finalidad del derecho Administrativo
La Administración Pública es una función sujeta al Gobierno, y es responsable de garantizar que se mantenga la seguridad jurídica y el orden público. También presta servicios de diferentes áreas, como la educación, la salud o las infraestructuras.
El Derecho Administrativo tiene por finalidad regular todas las actuaciones de los entes públicos en todos sus niveles.
Todas y cada una de las áreas e instituciones que conforman la Administración Pública cuentan con instrumentos legales que rigen su funcionamiento y regulan la manera en que el Estado se relaciona con la ciudadanía.
Por lo tanto, el Derecho Administrativo comprende una extensa normativa que contempla los procedimientos para el funcionamiento de las diferentes instituciones que conforman un Gobierno a nivel nacional, regional y local.
Además, incluye toda la normativa necesaria para las actuaciones de los cuerpos de seguridad (policía, bomberos, etc.), el sistema educativo y el sistema de salud y seguridad social.
Principios generales del Derecho Administrativo
Los principios del Derecho Administrativo están descritos en diferentes textos legales. El texto principal es la Constitución, seguido por el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Objetividad
El principio de objetividad se basa en que todos los administrados deben recibir el mismo trato, sin preferencias ni discriminación. Todos los ciudadanos son iguales ante la Administración Pública.
Jerarquía
El principio de jerarquía se refiere a la subordinación de las normas de grado inferior a las de rango superior y también a la manera en que se organizan las funciones dentro de los organismos públicos.
Un superior jerárquico está facultado para dictar órdenes, resolver conflictos entre sus subordinados, supervisar la calidad de las actuaciones, anular actos, tomar medidas disciplinarias y delegar, siempre dentro del marco legal, entre otras potestades.
Descentralización
Este principio consiste en trasladar las competencias a organismos de la misma administración pero de personalidad jurídica propia. La descentralización puede ser:
Territorial
Contempla las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Funcional
Es cuando las competencias se transfieren a organismos independientes a través de los cuales la administración central descentraliza sus funciones.
Confianza legítima y buena fe
Las administraciones públicas deben observar el principio de buena fe y confianza legítima. Esto quiere decir que el ciudadano debe sentirse capaz de tener confianza en las actuaciones de la Administración.
Motivación de los actos administrativos
Este principio se basa en que la Administración puede separarse de determinado acto siguiendo el criterio tomado en cuenta en actuaciones anteriores. Siempre y cuando esta separación esté bien fundamentada y se demuestre que no se ha incurrido en arbitrariedad.
Desviación de poder
La administración pública debe orientar sus actuaciones a satisfacer el interés público y en ningún momento debe obrar a favor del interés personal del funcionario.
Eficacia y eficiencia
Los servicios públicos deben cumplir los objetivos planteados con calidad y eficacia al mismo tiempo que se optimizan los costos derivados de la prestación de los servicios.
Los principios de eficacia y eficiencia se enfocan en los resultados que se tiene previsto alcanzar sin retrasos o molestias para el administrado.
Servicio al ciudadano
La Administración Pública debe prestar un buen servicio al administrado, es decir al ciudadano en todos sus niveles y áreas de actuación.
Transparencia y participación
La transparencia de los actos de la Administración Pública prevalece y se debe cumplir a través del trámite de información pública.
Organización
El principio de organización se refiere a la jerarquía de las instituciones públicas, la descentralización y la desconcentración funcional y territorial, la coordinación, adecuación y suficiencia de medios, claridad, simplicidad y proximidad a los ciudadanos.
Coordinación
Para el logro de algunos objetivos, es necesario que diferentes Administraciones actúen de manera coordinada para una actuación eficaz. La comunicación entre funcionarios debe ser fluida para lograr los objetivos planteados y prestar el servicio a los administrados.
En conclusión, el Derecho Administrativo regula la actividad del Estado y sus relaciones con los ciudadanos. Su finalidad es garantizar que la Administración Pública actúe con equidad y justicia tomando en cuenta que todas las personas son iguales ante la Ley.
El marco legal que rige todas las actuaciones es extenso, lo que hace que esta rama del Derecho Público sea de gran importancia para el funcionamiento de las instituciones, su eficiencia, transparencia y calidad en los servicios prestados al administrado.