Los principios del Derecho Administrativo están descritos en diferentes textos legales. El texto principal es la Constitución, seguido por el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Objetividad

El principio de objetividad se basa en que todos los administrados deben recibir el mismo trato, sin preferencias ni discriminación. Todos los ciudadanos son iguales ante la Administración Pública.

Jerarquía

El principio de jerarquía se refiere a la subordinación de las normas de grado inferior a las de rango superior y también a la manera en que se organizan las funciones dentro de los organismos públicos.

Un superior jerárquico está facultado para dictar órdenes, resolver conflictos entre sus subordinados, supervisar la calidad de las actuaciones, anular actos, tomar medidas disciplinarias y delegar, siempre dentro del marco legal, entre otras potestades.

Descentralización

Este principio consiste en trasladar las competencias a organismos de la misma administración pero de personalidad jurídica propia. La descentralización puede ser:

Territorial

Contempla las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Funcional

Es cuando las competencias se transfieren a organismos independientes a través de los cuales la administración central descentraliza sus funciones.

Confianza legítima y buena fe

Las administraciones públicas deben observar el principio de buena fe y confianza legítima. Esto quiere decir que el ciudadano debe sentirse capaz de tener confianza en las actuaciones de la Administración.

Motivación de los actos administrativos

Este principio se basa en que la Administración puede separarse de determinado acto siguiendo el criterio tomado en cuenta en actuaciones anteriores. Siempre y cuando esta separación esté bien fundamentada y se demuestre que no se ha incurrido en arbitrariedad.

Desviación de poder

La administración pública debe orientar sus actuaciones a satisfacer el interés público y en ningún momento debe obrar a favor del interés personal del funcionario.

Eficacia y eficiencia

Los servicios públicos deben cumplir los objetivos planteados con calidad y eficacia al mismo tiempo que se optimizan los costos derivados de la prestación de los servicios.

Los principios de eficacia y eficiencia se enfocan en los resultados que se tiene previsto alcanzar sin retrasos o molestias para el administrado.

Servicio al ciudadano

La Administración Pública debe prestar un buen servicio al administrado, es decir al ciudadano en todos sus niveles y áreas de actuación.

Transparencia y participación

La transparencia de los actos de la Administración Pública prevalece y se debe cumplir a través del trámite de información pública.

Organización

El principio de organización se refiere a la jerarquía de las instituciones públicas, la descentralización y la desconcentración funcional y territorial, la coordinación, adecuación y suficiencia de medios, claridad, simplicidad y proximidad a los ciudadanos.

Coordinación

Para el logro de algunos objetivos, es necesario que diferentes Administraciones actúen de manera coordinada para una actuación eficaz. La comunicación entre funcionarios debe ser fluida para lograr los objetivos planteados y prestar el servicio a los administrados.

En conclusión, el Derecho Administrativo regula la actividad del Estado y sus relaciones con los ciudadanos. Su finalidad es garantizar que la Administración Pública actúe con equidad y justicia tomando en cuenta que todas las personas son iguales ante la Ley.

El marco legal que rige todas las actuaciones es extenso, lo que hace que esta rama del Derecho Público sea de gran importancia para el funcionamiento de las instituciones, su eficiencia, transparencia y calidad en los servicios prestados al administrado.