Interior ordena el desahucio de los inquilinos de las viviendas del cuartel de Buenavista en Oviedo.
La medida del ministerio afecta a una decena de policías jubilados y familiares que ya no tienen «vinculación» con la institución
La División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio de Interior, ha ordenado el desahucio de todas las personas que residen en las viviendas ubicadas dentro del cuartel de Buenavista. En concreto en los dos chalés y en el pabellón que dan a la calle Burriana. Las otras dos casas situadas en Fuertes Acevedo llevan años deshabitadas. Lejos de ser un desahucio express, la medida responde a un procedimiento administrativo que se ha abierto a nivel nacional para «recuperar los bienes inmuebles que tiene la Policía y que están siendo utilizados desde hace 50 y 60 años dentro de las instalaciones policiales por personas que ya no están en activo», confirmaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. La mayoría de los afectados son agentes jubilados pero también hijos e incluso nietos de policías ya fallecidos que «en ningún momento estaban pagando ningún tipo de alquiler», aseguraron desde la Jefatura Superior de Policía de Asturias.
La medida no es nueva ni cae por sorpresa. Obedece a un procedimiento administrativo de acuerdo a la actual normativa que obliga a la recuperación de edificios e inmuebles propiedad del Estado. Está recogido en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Su artículo número 41 recoge expresamente, en su apartado D, lo siguiente: «Desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido el título que amparaba la tenencia». En este caso, para hacer uso de la vivienda, el requisito, según pudo confirmar este periódico, es que el inquilino fuese un miembro «activo» del Cuerpo de Policía Nacional, por lo que no hay opción de enervación de desahucio.
Los primeros requerimientos de desahucio por parte de la Dirección General de la Policía llegaron el pasado mes de marzo. Antes de ello, residían en las viviendas un total de 17 personas. En la actualidad quedan una decena. Aunque también hay inquilinos que ya no viven en ellas pero aún no han entregado las llaves.
Al contencioso
Según pudo averiguar EL COMERCIO, algunos de estos residentes han iniciado un contencioso denunciando, vía administrativa, el desahucio que quiere ejecutar la Dirección General de la Policía amparándose en la normativa vigente de la ley de desahucio.
El propio procedimiento administrativo así lo contempla. De hecho, uno de los puntos que recoge es la entrega voluntaria de la vivienda. Sin embargo, en caso de no estar de acuerdo con la medida notificada, los afectados tienen derecho a presentar las alegaciones que consideren oportunas para evitar el lanzamiento. Una vez transcurrido el plazo y si la resolución no es acorde a lo solicitado se abre la vía a un procedimiento contencioso al que ya se han acogido varios afectados.
El procedimiento de desahucio administrativo abierto para los inquilinos de las viviendas del cuartel se inicia porque estas viviendas vienen siendo ocupadas por inquilinos que «incumplen los requisitos normativos establecidos que autoricen su uso» y porque se ha dado por «extinguida» la ocupación «posesoria» de la vivienda previsto en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
La aplicación de esta ley ya se ha hecho efectiva en otros puntos de España. En Cádiz, cuyas notificaciones llegaron unos meses después a las de Asturias, se ha ordenado el desahucio de varios agentes jubilados, de dos viudas y de los hijos de dos policías fallecidos. Algunos de estos afectados llevaban residiendo en las viviendas policiales 55 años. En la resolución se considera probada «la ocupación de la vivienda sin título legal para ello» por lo que se comunica el «lanzamiento de personas, muebles y enseres, si no cumple voluntariamente con la orden de desalojo en el plazo de dos meses». La orden se firmó en mayo y en pocas semanas se hará efectivo.
Reordenación
La medida está contemplada en la modificación de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social que también incluye la posibilidad de que la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad de Estado pueda acometer obras de construcción, ampliación, reforma y mantenimiento de los bienes inmuebles que gestiona. Estos edificios también podrían utilizarse, según recoge los Presupuestos Generales del Estado, para el desarrollo y ejecución de las políticas de vivienda, además de firmar convenios con las administraciones locales que abrirían la puerta a la construcción de viviendas sujetas a algún grado de protección.
Curiosamente, el pabellón de viviendas del cuartel de Buenavista, junto a los chalés que se encuentran en sus laterales, coinciden con una de las parcelas reservada a viviendas dentro del Plan de Reordenación de El Cristo-Buenavista y dentro del documento de prioridades del futuro Plan General.
Sobre el cuartel está pendiente, también, un proyecto de reforma, en el marco de un plan nacional para mejorar las instalaciones policiales aprobado en enero de 2018. En marzo, justo cuando comenzaron a llegar las primeras notificaciones de desahucio, la delegada de gobierno, Delia Losa, aseguró su ejecución al incluirse dentro de un plan de inversión a siete años basado en «criterios técnicos y demandas policiales».
Esta noticia ilustra un ejemplo más de conflictos con los inquilinos en un proceso de desahucio. En cualquier caso siempre será importante recurrir a abogados especializados en desahucios, para resolver dudas referentes a desahucios, enervación de desahuicios, desahucio por falta de pago, cuanto cuesta un deshaucio, qué es un desahucio express, y otras dudas relacionadas a la materia profesional de abogados especializados en Arrendamientos y Desahucios.