La comunidad de propietarios del edificio de la calle Maestranza número 1, situado enfrente de la Hípica, ha presentado una querella criminal para que se investigue al representante legal de la empresa dedicada a administrar fincas que contrataron en el año 2000, así como a dicha compañía como presuntos autores de un delito de falsedad documental. Los afectados relatan en el escrito remitido al juzgado que la comunidad aceptó que una empresa instalase ascensores en el edificio -cuyo coste se calculó en 700.000 euros- a cambio de cederle el derecho de levantar una planta más en el inmueble y beneficiarse de la venta de los pisos que construiría en ese espacio.

Los residentes en el bloque denuncian que no fueron informados de que la operación supondría un incremento de su patrimonio y, por tanto, tendría repercusiones tributarias en el IRPF. El administrador de fincas, según los afectados, les envió una carta en la que omitía «cualquier advertencia acerca de la cuestión fiscal». Los perjudicados, la mayoría de edades avanzadas y con necesidad urgente de disponer de los elevadores, tienen una situación económica precaria, por lo que muchos aseguran que fueron convencidos para ceder el derecho de vuelo del edificio a la constructora a cambio de que lo hiciese accesible «a coste cero».

El abogado de la comunidad, Eduardo Ferreiro, especifica en la documentación que analizará el juzgado instructor que cuando sus clientes comenzaron a recibir requerimientos de Hacienda -la mayoría terminaron con liquidaciones y sanciones- preguntaron al administrador sobre el asunto. El sospechoso, según la querella, les remitió un acta de la junta de 2012 en la que dieron el visto bueno al acuerdo presuntamente falsificada en la que sí figura una advertencia sobre las obligaciones fiscales a las que tendrían que hacer frente. El párrafo supuestamente insertado en el documento tiene un color de tinta y una inclinación diferente al resto del texto.

El administrador, según los perjudicados, redactó un acuerdo que lo facultaba para contratar la cesión del derecho de vuelo del edificio de tal forma «que se pudiera hurtar a la junta la oportuna fiscalización del proceso de selección de ofertas». La comunidad de propietarios también subraya que en ningún acta constan las propuestas de las empresas que supuestamente participaron en el proceso de selección. Los vecinos solicitan que se investigue la adjudicación y ejecución de las obras por si hubiese indicios de la comisión de algún delito.

En la reunión celebrada en abril del año pasado se acordó el cese del administrador. Los actuales gestores de la comunidad, según los residentes en el inmueble, han detectado que durante el tiempo en el que el sospechoso prestó ese servicio se sustrajeron de la cuenta 74.000 euros, entre los años 2010 y 2016, «sin justificación de ningún tipo». Los afectados denuncian que preguntaron por el destino del dinero y que no han recibido contestación.

Los vecinos insisten en el escrito remitido al juzgado que el acuerdo con la constructora solo podía adoptarse con la conformidad unánime de todos los propietarios -el bloque cuenta con unas 65 viviendas-. Inicialmente, no todos estaban conformes con el negocio supuestamente propuesto por el administrador. «Para torcer la voluntad de los disidentes, les garantizaban que la obra se ejecutaría para ellos a coste cero y, especialmente, que no tendría ninguna repercusión tributaria», explican en la querella.

Los perjudicados demandan que se esclarezca «quién es el autor o autores de la mendaz enmienda del acta y con qué finalidad lo ha hecho». Además, solicitan al juzgado que tome declaración al administrador y representante legal de la empresa de gestión de fincas, así como que demande a la constructora la oferta económica relacionada con la cesión del derecho de vuelo y la ejecución de las obras de eliminación de barreras; y, al estudio de arquitectura, que envíe todas las facturas relacionadas con el proyecto.