Cinco hombres vestidos de negro, corpulentos y con la cabeza rapada, se presentan en casas okupadas de Barcelona. Tocan el timbre, aseguran que les envía el propietario de la vivienda e invitan a los inquilinos ilegales a desalojarla en unas horas. Es el nuevo fenómeno de la desokupación exprés, sin orden judicial y mediante empresas autodenominadas “de seguridad”. El Ayuntamiento estudia la legalidad de este “nuevo fenómeno” y los juristas advierten de las “prácticas ilegales” en las que pueden concurrir los propietarios que contratan estos servicios. “Es un terreno pantanoso entre el delito de intimidación y el derecho a la propiedad”, explica un abogado especializado en derecho inmobiliario.

“Intermediación legal, eficaz, segura y rápida”, se lee en la web de Desokupa, la empresa especializada en estos desalojos que, según los Mossos d’Esquadra, intentó el pasado 26 de agosto desalojar un piso ocupado en calle de la Cera, 15, del Raval. El desalojo finalmente fue paralizado gracias a la intervención de medio centenar de vecinos que se movilizaron y llamaron a la policía tras ver como cinco hombres “presionaban” a los okupas para desalojar la vivienda. “Vivíamos de alquiler. Dejamos de pagar, nos desalojaron y decidimos okupar la vivienda”, aseguran los inquilinos. Mientras los vecinos presionaban en la calle para parar el desalojo, los supuestos empleados de la empresa Desokupa instalaron una puerta blindada y una alarma de seguridad en la vivienda. La empresa pretendía adelantarse al proceso judicial abierto contra los okupas.

El inmueble, tal y como se recoge en el Registro de la Propiedad, había pertenecido a Bankia hasta el pasado 11 de julio, fecha en la que el banco lo vendió —ya ocupado— a la inmobiliaria Univness, una empresa “especializada en inversiones seguras en subastas”, como se promocionan en su web. La fecha de compra coincide con el inicio de las supuestas presiones. “Tuvimos que llamar a la policía. Venía un hombre y nos decía que nos iban a echar, pero jamás se identificó”, dice Olimpia Caringol, una de las inquilinas.

La empresa propietaria niega cualquier relación con el inmueble y la contratación de la empresa Desokupa para desalojarlo. “No tenemos nada que decir al respecto”, dice uno de sus fundadores, quien asegura “desconocer” los hechos. El Consistorio dice no haber tenido constancia de estas prácticas hasta el pasado 26 de agosto. “Estamos estudiando la legalidad de las acciones de cara a poder tomar acciones en el futuro”, explican fuentes municipales.

Desde Desokupa se prefiere guardar silencio ante la “campaña difamatoria” que, aseguran, están padeciendo desde las redes sociales. Aunque sí admiten haber llevado a cabo este tipo de acciones hasta en 70 ocasiones en España. “No hemos recibido denuncias ni hemos tenido problemas con los Mossos”, explica Daniel Esteve, cuyo número de teléfono aparece relacionado como contacto en la web de Desokupa. Esteve era propietario de Morosos BCN, una empresa que presuntamente utilizaba métodos delictivos en el cobro de deudas en la capital catalana y que en 2008 fue arrestado por delitos de detención ilegal y extorsiones.

La vivienda del Raval, tal y como se puede comprobar en el Registro de la Propiedad, fue vendida por Bankia el 11 de julio con los okupas dentro. Es lo que en el ámbito bancario y del derecho inmobiliario se conoce como compraventa “con bicho”: La entidad financiera se “deshace” de estos pisos mediante un contrato de compraventa con cláusulas especiales: “El inmueble se transmite ocupado ilegalmente por terceros. El vendedor no responde ni de los vicios o defectos ocultos ni del estado de conservación del inmueble”, se puede leer en uno de los anuncios en los que Bankia ofrece un piso de 71 metros con okupas por 93.600 euros en la calle Alfons el Magnànim de Barcelona. “Este tipo de ventas se hacen con total transparencia. No existe un porcentaje concreto de descuento, el precio se valora en función de cada inmueble y los tiempos del proceso judicial, aunque suele ser sustancial”, explican desde Bankia. De las aproximadas 6.000 viviendas que la entidad vendió el año pasado, alrededor del 5% estaban okupadas.