La instalación de un elevador para que un amputado acceda a su casa acaba en juicio

La instalación de un elevador para que un amputado acceda a su casa acaba en juicio

El demandante, al que una enfermedad repentina obligó a cortarle ambas piernas en una semana, asegura que se ha visto obligado a denunciar a la comunidad de vecinos por negarse a costear una silla salvaescaleras.

En junio de 2017, Eugenio Rodríguez pasó de correr una cicloturista de 150 kilómetros a verse postrado en la camilla de un quirófano para que le apuntaran las dos piernas. Y todo por culpa de una repentina enfermedad vascular que casi le cuesta la vida y a la que ha logrado sobreponerse gracias a una envidiable fortaleza psicológica y el incondicional apoyo de los suyos. Cuando dejó la uci y pudo regresar a casa, este barcelonés de 44 años al que el amor hizo echar raíces en Zaragoza pensó que lo peor había pasado, pero se equivocaba. Porque los ocho escalones que dan acceso a su vivienda han terminado convirtiéndose en una auténtica montaña y lo han abocado a una desagradable batalla judicial contra su propia comunidad de vecinos.

La familia de Eugenio –casado y con dos hijos– reside desde hace 17 años en una urbanización de la avenida de Salvador Allende, en el barrio del Actur. Se trata de un conjunto residencial de casi 150 viviendas, a muchas de las cuales se accede mediante un pequeño tramo exterior de escaleras. Por ello, mientras Eugenio aguardaba en el hospital la intervención quirúrgica que le iba a dejar sin piernas, su mujer se afanaba en buscar una solución para que su esposo, ya amputado, pudiera entrar en casa.

«Nos dijeron que la mejor opción era instalar una silla salvaescaleras. Necesitábamos que pudieran colocarla lo antes posible, pero también que el precio fuera asequible», recordaba esta semana Eugenio. Pese a todo, el retorno al hogar, a finales de julio, fue bastante traumático. «Porque tardaron un mes en hacer y poner el elevador y cada vez que entraba y salía tenía que arrastrarme por los escalones«, recuerda.

La intención de este exautónomo dedicado a las reformas era costearse «como pudiera» las dos sillas mecánicas que necesitaba: una fuera de casa y otra dentro. «Pero al comunicárselo al administrador de la finca nos dijeron que tuviéramos cuidado, que las escaleras de acceso no eran nuestras«, explica. La respuesta le incomodó bastante, ya que confiaba en que para algo así no le pusieran demasiadas trabas. De hecho, fue entonces cuando pidió a la comunidad que le aclarara a quién correspondía la propiedad de esta parte del edificio para saber quién debía pagar el elevador. Sin embargo, a estas alturas, el asunto no está resuelto y deberá ser un juez quien se pronuncie en un juicio que se celebrará en mayo.

La comunidad de propietarios tiene su propia versión del caso y en un escrito remitido al juzgado insiste en que la escalera del litigio «no recorre zonas comunes» y da acceso «exclusivamente» a la vivienda del demandante. Recuerda, además, que otro vecino tuvo que instalar tiempo atrás una plataforma elevadora y la pagó «de su bolsillo». Para intentar probar que los ocho escalones de acceso a la casa de Eugenio constituyen un espacio «privativo», los gestores de la finca señalan también que de la limpieza de los mismos se encargan los denunciantes.

El abogado de Eugenio, Víctor Laguardia, confía en la Justicia y asegura que «todos» los argumentos de la comunidad serán rebatidos en el juicio. Recuerda además que la urbanización es grande y tiene varios locales en alquiler, por lo que hacer frente a un desembolso de 3.630 euros –que es lo que cuesta el elevador exterior– no debería suponerle ningún problema. «Ninguno sabemos qué nos va a deparar la vida. Lo que no esperamos nunca es que ante un revés tan fuerte la gente cercana nos de la espalda», dice Laguardia.

«Perdí las dos piernas, no puedo perder también mi casa»

«No quieren reconocer que las escaleras del rellano son un elemento común del edificio y alegan que tienen un uso privativo para no asumir el coste de la silla mecánica», asegura Eugenio Rodríguez. Según este vecino de la avenida de Salvador Allende, fue precisamente el «desinterés y la falta de sensibilidad» de los gestores de la comunidad los que le llevaron a acudir a los tribunales. «Con tiempo y esfuerzo, hicimos de esta la casa de nuestras vidas. Ahora, hay quien me dice que ya sabíamos lo que comprábamos, que me atenga a las consecuencias y que me busque otro piso. Perdí las dos piernas en una semana, una escalera no puede hacerme perder también mi casa», dice Eugenio.

«Algunos vecinos me han retirado el saludo por denunciar, pero son muchos más los que han llamado a mi puerta para mostrarme su apoyo»

La pareja compró con una «gran ilusión» la vivienda e insiste en que en este edificio ha sido siempre feliz y espera seguir siéndolo por mucho tiempo. «Algunos vecinos me han retirado el saludo por denunciar, pero son muchos más los que han llamado a mi puerta para mostrarme su apoyo», asegura agradecido.

El abogado que representa a Eugenio, Víctor Laguardia, recuerda que «se han tendido muchos puentes para llegar a un acuerdo extrajudicial, pero no ha sido posible». Es más, cree que en la actitud de la comunidad subyace la idea de que en caso de pagar la silla de Eugenio «se abriría la veda».

La instalación de un elevador para que un amputado acceda a su casa acaba en juicio

El demandante, al que una enfermedad repentina obligó a cortarle ambas piernas en una semana, asegura que se ha visto obligado a denunciar a la comunidad de vecinos por negarse a costear una silla salvaescaleras.

En junio de 2017, Eugenio Rodríguez pasó de correr una cicloturista de 150 kilómetros a verse postrado en la camilla de un quirófano para que le apuntaran las dos piernas. Y todo por culpa de una repentina enfermedad vascular que casi le cuesta la vida y a la que ha logrado sobreponerse gracias a una envidiable fortaleza psicológica y el incondicional apoyo de los suyos. Cuando dejó la uci y pudo regresar a casa, este barcelonés de 44 años al que el amor hizo echar raíces en Zaragoza pensó que lo peor había pasado, pero se equivocaba. Porque los ocho escalones que dan acceso a su vivienda han terminado convirtiéndose en una auténtica montaña y lo han abocado a una desagradable batalla judicial contra su propia comunidad de vecinos.

La familia de Eugenio –casado y con dos hijos– reside desde hace 17 años en una urbanización de la avenida de Salvador Allende, en el barrio del Actur. Se trata de un conjunto residencial de casi 150 viviendas, a muchas de las cuales se accede mediante un pequeño tramo exterior de escaleras. Por ello, mientras Eugenio aguardaba en el hospital la intervención quirúrgica que le iba a dejar sin piernas, su mujer se afanaba en buscar una solución para que su esposo, ya amputado, pudiera entrar en casa.

"Nos dijeron que la mejor opción era instalar una silla salvaescaleras. Necesitábamos que pudieran colocarla lo antes posible, pero también que el precio fuera asequible", recordaba esta semana Eugenio. Pese a todo, el retorno al hogar, a finales de julio, fue bastante traumático. "Porque tardaron un mes en hacer y poner el elevador y cada vez que entraba y salía tenía que arrastrarme por los escalones", recuerda.

La intención de este exautónomo dedicado a las reformas era costearse "como pudiera" las dos sillas mecánicas que necesitaba: una fuera de casa y otra dentro. "Pero al comunicárselo al administrador de la finca nos dijeron que tuviéramos cuidado, que las escaleras de acceso no eran nuestras", explica. La respuesta le incomodó bastante, ya que confiaba en que para algo así no le pusieran demasiadas trabas. De hecho, fue entonces cuando pidió a la comunidad que le aclarara a quién correspondía la propiedad de esta parte del edificio para saber quién debía pagar el elevador. Sin embargo, a estas alturas, el asunto no está resuelto y deberá ser un juez quien se pronuncie en un juicio que se celebrará en mayo.

La comunidad de propietarios tiene su propia versión del caso y en un escrito remitido al juzgado insiste en que la escalera del litigio "no recorre zonas comunes" y da acceso "exclusivamente" a la vivienda del demandante. Recuerda, además, que otro vecino tuvo que instalar tiempo atrás una plataforma elevadora y la pagó "de su bolsillo". Para intentar probar que los ocho escalones de acceso a la casa de Eugenio constituyen un espacio "privativo", los gestores de la finca señalan también que de la limpieza de los mismos se encargan los denunciantes.

El abogado de Eugenio, Víctor Laguardia, confía en la Justicia y asegura que "todos" los argumentos de la comunidad serán rebatidos en el juicio. Recuerda además que la urbanización es grande y tiene varios locales en alquiler, por lo que hacer frente a un desembolso de 3.630 euros –que es lo que cuesta el elevador exterior– no debería suponerle ningún problema. "Ninguno sabemos qué nos va a deparar la vida. Lo que no esperamos nunca es que ante un revés tan fuerte la gente cercana nos de la espalda", dice Laguardia.

"Perdí las dos piernas, no puedo perder también mi casa"

"No quieren reconocer que las escaleras del rellano son un elemento común del edificio y alegan que tienen un uso privativo para no asumir el coste de la silla mecánica", asegura Eugenio Rodríguez. Según este vecino de la avenida de Salvador Allende, fue precisamente el "desinterés y la falta de sensibilidad" de los gestores de la comunidad los que le llevaron a acudir a los tribunales. "Con tiempo y esfuerzo, hicimos de esta la casa de nuestras vidas. Ahora, hay quien me dice que ya sabíamos lo que comprábamos, que me atenga a las consecuencias y que me busque otro piso. Perdí las dos piernas en una semana, una escalera no puede hacerme perder también mi casa", dice Eugenio.

"Algunos vecinos me han retirado el saludo por denunciar, pero son muchos más los que han llamado a mi puerta para mostrarme su apoyo"

La pareja compró con una "gran ilusión" la vivienda e insiste en que en este edificio ha sido siempre feliz y espera seguir siéndolo por mucho tiempo. "Algunos vecinos me han retirado el saludo por denunciar, pero son muchos más los que han llamado a mi puerta para mostrarme su apoyo", asegura agradecido.

El abogado que representa a Eugenio, Víctor Laguardia, recuerda que "se han tendido muchos puentes para llegar a un acuerdo extrajudicial, pero no ha sido posible". Es más, cree que en la actitud de la comunidad subyace la idea de que en caso de pagar la silla de Eugenio "se abriría la veda".

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El demandante, al que una enfermedad repentina obligó a cortarle ambas piernas en una semana, asegura que se ha visto obligado a denunciar a la comunidad de vecinos por negarse a costear una silla salvaescaleras.

En junio de 2017, Eugenio Rodríguez pasó de correr una cicloturista de 150 kilómetros a verse postrado en la camilla de un quirófano para que le apuntaran las dos piernas. Y todo por culpa de una repentina enfermedad vascular que casi le cuesta la vida y a la que ha logrado sobreponerse gracias a una envidiable fortaleza psicológica y el incondicional apoyo de los suyos. Cuando dejó la uci y pudo regresar a casa, este barcelonés de 44 años al que el amor hizo echar raíces en Zaragoza pensó que lo peor había pasado, pero se equivocaba. Porque los ocho escalones que dan acceso a su vivienda han terminado convirtiéndose en una auténtica montaña y lo han abocado a una desagradable batalla judicial contra su propia comunidad de vecinos.

La familia de Eugenio –casado y con dos hijos– reside desde hace 17 años en una urbanización de la avenida de Salvador Allende, en el barrio del Actur. Se trata de un conjunto residencial de casi 150 viviendas, a muchas de las cuales se accede mediante un pequeño tramo exterior de escaleras. Por ello, mientras Eugenio aguardaba en el hospital la intervención quirúrgica que le iba a dejar sin piernas, su mujer se afanaba en buscar una solución para que su esposo, ya amputado, pudiera entrar en casa.

"Nos dijeron que la mejor opción era instalar una silla salvaescaleras. Necesitábamos que pudieran colocarla lo antes posible, pero también que el precio fuera asequible", recordaba esta semana Eugenio. Pese a todo, el retorno al hogar, a finales de julio, fue bastante traumático. "Porque tardaron un mes en hacer y poner el elevador y cada vez que entraba y salía tenía que arrastrarme por los escalones", recuerda.

La intención de este exautónomo dedicado a las reformas era costearse "como pudiera" las dos sillas mecánicas que necesitaba: una fuera de casa y otra dentro. "Pero al comunicárselo al administrador de la finca nos dijeron que tuviéramos cuidado, que las escaleras de acceso no eran nuestras", explica. La respuesta le incomodó bastante, ya que confiaba en que para algo así no le pusieran demasiadas trabas. De hecho, fue entonces cuando pidió a la comunidad que le aclarara a quién correspondía la propiedad de esta parte del edificio para saber quién debía pagar el elevador. Sin embargo, a estas alturas, el asunto no está resuelto y deberá ser un juez quien se pronuncie en un juicio que se celebrará en mayo.

La comunidad de propietarios tiene su propia versión del caso y en un escrito remitido al juzgado insiste en que la escalera del litigio "no recorre zonas comunes" y da acceso "exclusivamente" a la vivienda del demandante. Recuerda, además, que otro vecino tuvo que instalar tiempo atrás una plataforma elevadora y la pagó "de su bolsillo". Para intentar probar que los ocho escalones de acceso a la casa de Eugenio constituyen un espacio "privativo", los gestores de la finca señalan también que de la limpieza de los mismos se encargan los denunciantes.

El abogado de Eugenio, Víctor Laguardia, confía en la Justicia y asegura que "todos" los argumentos de la comunidad serán rebatidos en el juicio. Recuerda además que la urbanización es grande y tiene varios locales en alquiler, por lo que hacer frente a un desembolso de 3.630 euros –que es lo que cuesta el elevador exterior– no debería suponerle ningún problema. "Ninguno sabemos qué nos va a deparar la vida. Lo que no esperamos nunca es que ante un revés tan fuerte la gente cercana nos de la espalda", dice Laguardia.

"Perdí las dos piernas, no puedo perder también mi casa"

"No quieren reconocer que las escaleras del rellano son un elemento común del edificio y alegan que tienen un uso privativo para no asumir el coste de la silla mecánica", asegura Eugenio Rodríguez. Según este vecino de la avenida de Salvador Allende, fue precisamente el "desinterés y la falta de sensibilidad" de los gestores de la comunidad los que le llevaron a acudir a los tribunales. "Con tiempo y esfuerzo, hicimos de esta la casa de nuestras vidas. Ahora, hay quien me dice que ya sabíamos lo que comprábamos, que me atenga a las consecuencias y que me busque otro piso. Perdí las dos piernas en una semana, una escalera no puede hacerme perder también mi casa", dice Eugenio.

"Algunos vecinos me han retirado el saludo por denunciar, pero son muchos más los que han llamado a mi puerta para mostrarme su apoyo"

La pareja compró con una "gran ilusión" la vivienda e insiste en que en este edificio ha sido siempre feliz y espera seguir siéndolo por mucho tiempo. "Algunos vecinos me han retirado el saludo por denunciar, pero son muchos más los que han llamado a mi puerta para mostrarme su apoyo", asegura agradecido.

El abogado que representa a Eugenio, Víctor Laguardia, recuerda que "se han tendido muchos puentes para llegar a un acuerdo extrajudicial, pero no ha sido posible". Es más, cree que en la actitud de la comunidad subyace la idea de que en caso de pagar la silla de Eugenio "se abriría la veda".