Ortega se ha referido así a la decisión de la Dirección General de Tributos de Hacienda de descontar el 21 % de IVA a los abogados y procuradores que prestan el servicio público a los beneficiarios de justicia gratuita, en aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que entiende que este servicio es voluntario y está sujeto a remuneración, por lo que no cabe la exención del IVA.

En la presentación del Plan Estratégico de la Abogacía 2017-2020, Ortega ha planteado las tres alternativas que trasladará a los Ministerios de Justicia y Economía para evitar su aplicación.

Al respecto, ha propuesto modificar la Ley de Justicia Gratuita o en su defecto la Ley del IVA para que recoja que este servicio queda exento del impuesto de valor añadido.

Y si no ha planteado como tercer escenario que sea la propia Administración la que asuma el abono del IVA en las facturas.

«La Abogacía se opone a que la prestación de la Justicia Gratuita quede sujeta al IVA», ha dicho Ortega, quien ha precisado que el sistema español es absolutamente distinto al belga, sobre el que se basa la sentencia de la UE, «ya que aquí la prestación del turno de oficio es obligatoria para abogados por ley», mientras que otros países comunitarios no es así.

Con todo, Ortega ha querido dejar claro que la orden de la Secretaría de Estado de Hacienda «no es ejecutiva» y por tanto todavía no se aplica ni puede aplicarse a abogados y procuradores.

Precisamente, la presidenta de la Abogacía se reunirá hoy con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para trasladarle sus tres propuestas para resolver esta polémica, y tiene previsto hacer los mismo en los próximos días con el Ministerio de Economía.

Catalá ya ha dicho que trabajará para que Hacienda reconsidere su decisión y no se extiendan los efectos de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE puesto que «el turno de oficio tiene una naturaleza de servicio público y por ello exento de IVA».

Dicho encuentro servirá también para trasladarle la propuesta de la Abogacía por un Pacto de Estado de la Justicia, que la presidenta ya ha comunicado a algunos partidos y operadores jurídicos en un documento con 34 líneas de actuación.

Entre ellos, ha abogado por regular los nombramientos de cargos judiciales y reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que cuente con la participación de los jueces.

Una mayor coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio así como una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal han sido otras de las propuestas que plantea en el documento.

Como también hacer más comprensible para los ciudadanos las resoluciones judiciales y tomar las medidas necesarias para ejecutar las sentencias firmes en el orden contencioso y civil donde, según ha asegurado, hay un 38 % de las mismas que no se ejecutan.

Ya en un plano más interno, Ortega ha planteado para estos cuatro años la creación de un Consejo Deontológico asesor de la profesión, una mejora del acceso a la abogacía, un impulso de las medidas extrajudiciales como la mediación y el arbitraje y un sistema regulador de la publicidad de los despachos de abogados.

«Queremos que sea absolutamente veraz y no engañosa, no es digno aquello que confunde a las personas en momentos delicados», ha señalado tras admitir quejas en asuntos vinculados con temas médicos y catástrofes.

Una actualización de los baremos de los abogados del turno de oficio y mayor celeridad en los pagos, un mejor tratamiento de las noticias jurídicas en los medios de comunicación «respetando la presunción de inocencia» y la supresión de las tasas judiciales para pymes y ong son otras medidas de la Abogacía.