La celebración de la Asamblea General de la Unión Española de Abogados Penalistas ha servido para poner de manifiesto el deseo de este colectivo de ser escuchado por el legislador cuando realice las diferentes reformas legislativas. Desde esta entidad se muestra preocupación porque solo se oigan las voces de jueces y fiscales, a veces con tinte corporativo, y no se tenga en cuenta a estos profesionales que defienden los derechos de los ciudadanos.
En la capital de España tuvo lugar este jueves la reunión de este colectivo, formado por un centenar de profesionales del derecho penal, presidida por Víctor Moreno Catena, presidente y Luis Rodríguez Ramos, quienes configuraron la mesa de trabajo de la entidad. En esta reunión de trabajo se abordaron diferentes temas, uno de ellos la merma de los derechos de los detenidos al hilo de los informes de la policía y guardia civil, cuyo papel en el proceso penal señalan que es excesivo en estos momentos llegando a condicionar el resultado del procedimiento, incluso.
Víctor Moreno Catena es el presidente de la Unión Española de Abogados Penalistas. Catedrático de Derecho Procesal desde 1983 e impulsor de su despacho propio atiende a CONFILEGAL en un momento de pausa de la Asamblea General de la asociación en la capital de España “La asociación ha crecido de forma notable en los últimos meses, eso nos va ayudar a reorganizarnos a corto plazo. Los profesionales que formamos parte de ella tenemos como objetivo final la defensa de los derechos de los ciudadanos en la propia justicia penal”.
Para este prestigioso jurista, estos derechos no pasan por un buen momento “las declaraciones del nuevo presidente de los EEUU, Donald Trump en la cadena ABC es buena prueba de la situación al justificar la existencia de la tortura y también habla de impulsar cárceles secretas nos preocupa”. La asociación tiene visos de seguir creciendo y es posible que durante la primavera se constituya la Unión Penalista de Abogados Europeos.
En la actual Junta Directiva de esta entidad, junto a Moreno Catena como presidente se encuentran abogados del prestigio profesional de Carlos Bueren, magistrado en excedencia en Uría Menéndez, como vicepresidente y los vocales los catedráticos y abogados penalistas Fermín Morales y Luis Rodríguez Ramos; el socio del área penal de Cuatrecasas, Luis Jordana, los abogados expertos en penal económico Francisco Baena Bocanegra y Jesús Urraza, el letrado de Tenerife Manuel Fredy Ramos, y la penalista valenciana Angela Coquillat.
Preocupa el uso indiscriminado del derecho penal
Para el presidente de la Unión Española de Abogados Penalistas estamos en contacto con las autoridades del país “queremos mostrarles muestra preocupación por el momento que vivimos donde se hace un uso generalizado e indiscriminado del derecho penal”. A este respecto, miembros de la Junta Directiva de esta entidad tendrá este próximo lunes 30 de enero una reunión con el ministro de Justicia, Rafael Catalá. También está previsto tener otras reuniones con CGPJ, Fiscalía General del Estado, asociaciones de jueces y fiscales o la propia Comisión de Justicia del Congreso.
Para Fermín Morales, abogado prestigioso en campo penal económico, también vinculado a esta asociación “nos preocupa que el legislador desde hace ya algún tiempo se mueva a impulsos mediáticos sin reflexión alguna y con un sesgo inquisitivo en las reformas. Las propias reformas están generando gran inseguridad jurídica para los propios ciudadanos en un momento como el que vivimos”. Indica que su asociación pretende defender el estado de derecho y las garantías frente a esta inseguridad”.
Desde su punto de vista, es muy importante que cualquier reforma que se haga de la normativa penal o procesal penal se tenga en cuenta a los expertos para evitar situaciones anómalas como las que han generado la despenalización de los accidentes de tráfico, iniciativa que ha dejado a las víctimas de los accidentes en procesos civiles frente a las propias aseguradoras “ Las reformas legales que se hagan no se pueden hacer al margen de la sensibilidad de la abogacía y en defensa de las garantías”, subraya.
En opinión de Víctor Moreno Catena, los procesos penales se dilatan hoy en día sin ninguna justificación y el legislador con la reforma de los plazos de la Lecrim ha dado un paso al frente aunque sigue sin estar bien regulado, identificando que hay un problema “no se puede seguir eternamente el proceso contra una persona investigada por el Estado. Es intolerable desde el punto de vista del Estado de Derecho como de las propias garantías del perseguido del proceso penal. Hay que poner un límite, porque además está señalado por la opinión pública y los medios de comunicación”.
Reflexión sobre dar la instrucción del proceso penal al fiscal
Sobre la idea del ministro Catalá de darle al fiscal la instrucción en la próxima reforma que se haga de la Lecrim, Moreno señala que aun la asociación no tiene un criterio formado sobre la cuestión aunque pronto tomarán postura sobre ella. A título personal señala que “pasar la instrucción al fiscal es una expresión equívoca. No se trata de sustituir al juez por el fiscal para que haga lo mismo, sería un error. Sobre todo lo que hay que buscar es adelgazar al mínimo el expediente de la instrucción. Que el fruto de la investigación del fiscal se lleve a los tribunales y allí se dilucide si hay responsabilidad de los sujetos acusados”.
Respecto a este asunto, Fermín Morales destaca que “el problema está en cómo desburocratizar la instrucción penal con los medios que tenemos. Necesitamos reflexionar y ver como optimizamos los medios que tenemos y cómo hacemos razonable los plazos de instrucción en este contexto”. A nivel personal es partidario que exista en las instrucciones una vistilla previa para saber si se admite a trámite o no “dado el alto índice de archivos de instrucciones penales que existen, cerca del 35 por cien del total y otra vistilla para finalizar la instrucción y ver qué temas van a juicio o no.
Para este penalista, “da igual que instruya el juez o el fiscal, siempre de un modelo que no esté tan burocratizado como el que tenemos hasta ahora. Debemos de buscar una mayor agilidad en el proceso penal, de tal forma que solo de forma excepcional tengamos procesos que duren meses, de esa forma se pueden salvaguardar los derechos de los defendidos”. A su juicio no es razonable que asuntos simples tarden cinco o seis años en ir a juicio.